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Comunicados

Tribunal condenó a Incopesca por permitir pesca de arrastre en Área de Pesca Responsable

Costa Rica Julio 21, 2016
Foto: Playa San Juanito
  • En el 2013, Junta Directiva del Incopesca avaló pesca de arrastre semi-industrial en Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, en Guanacaste
  • Criterio científico para creación del Área señaló efectos dañinos de técnica y aún así Incopesca lo permitió
  • Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar demanda de pescadores artesanales y anuló disposición que permite arrastre

El Tribunal Contencioso Administrativo emitió un fallo histórico en pro de la conservación y protección de los recursos marinos, cuando anuló una disposición del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que autorizó la pesca de arrastre semi-industrial en el Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) de San Juanillo, en Guanacaste.

Dicha disposición fue incluida en el acuerdo de Junta Directiva de Incopesca AJDIP-068-2013, dictado en febrero del 2013. El ente rector de la actividad pesquera en el país tomó esa disposición, en el proceso de creación de la mencionada Área Marina, en San Juanillo, comunidad del cantón de Santa Cruz. La autoridad desestimó el criterio técnico y científico del grupo interinstitucional, el cual señaló que el arrastre no debía permitirse.

Ante el acuerdo, pescadores artesanales de San Juanillo demandaron al Incopesca. El Tribunal les dio la razón. El Contencioso Administrativo valoró la postura del Grupo Interinstitucional, dado que se basó en fundamentos técnicos y científicos, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para señalar que la pesca de arrastre es dañina y capturaría especies objetivo de pescadores artesanales.

Además el Tribunal señaló en su resolución – conocida esta semana en el expediente 13-003412-1027-CA – que el Incopesca se apartó del criterio técnico y de lo resuelto por la Sala Constitucional en su conocido voto 10540 del 2013. En dicho fallo, los magistrados declararon inconstitucional el uso de redes de arrastre y prohibieron la renovación de licencias o el otorgamiento de nuevas licencias.

El proceso de creación de la AMPR de San Juanillo inició en el 2011. En el camino se formó el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la elaboración del Plan de Ordenamiento Pesquero, que establecería las características y regulaciones particulares para la entrada en funcionamiento del Área. Dicho órgano estaba integrado por profesionales del Incopesca, el Ministerio de Ambiente y Energía y pescadores de la zona.

El Grupo señaló que la pesca de arrastre semi-industrial es “una técnica ampliamente conocida por sus efectos lesivos en el hábitat marino, por lo cual, debería de encontrarse totalmente prohibida dentro de un Área Marina de Pesca Responsable, ya que su aplicación pone en grave riesgo a las especies y limita la sostenibilidad del recurso”.

Además trajo a cuentas el fallo de la Sala Constitucional. Por eso concluyó que el acuerdo de Incopesca contradijo las reglas de la pesca responsable, incluso señaladas por el decreto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que adopta el Código de Pesca Responsable de la FAO en el país.

Argumentos sólidos para rechazar una técnica destructiva

El Tribunal aceptó que la postura del Grupo Interinstitucional se basó en argumentos científicos sólidos, al fundamentarse en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, el cual establece la necesidad de no utilizar formas de pesca “no selectivas que impliquen el arrastre y descarte indiscriminado de diversas especies marinas”. Ese Código está incorporado al ordenamiento costarricense, por lo cual debe respetarse.

“Resulta contrario a los principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, que (Incopesca) permitiera que dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los recursos marinos y por ende, un obstáculo para acceder a un desarrollo sustentable de la comunidad de San Juanillo”, señaló el Tribunal.

Además reprochó a la junta del Incopesca que tomó la decisión, a pesar de contar con insumos técnicos “para al menos implementar medidas de protección” que disminuyeran la falta de selectividad de la pesca de arrastre.

Por eso el Tribunal reclamó que el Incopesca “ni siquiera sugiere la posibilidad de aplicar” dichas medidas de protección como el ojo de pescado o la exclusión de tortugas (dispositivos DET). Por estas razones declaró totalmente nulo el artículo 2 del acuerdo AJDIP-068-2013. El resto se mantiene, por lo que la AMPR de San Juanillo existe, pero sin pesca de arrastre.

Fundación MarViva celebra el fallo y lo califica como histórico, pues es la primera resolución judicial que aplica lo resuelto por la Sala Constitucional en el 2013.

“La pesca de arrastre es la técnica más dañina que existe. Ahora se genera más jurisprudencia que lo sustenta. Un Tribunal reconoce que el Incopesca actuó contrario a los principios ambientales, al permitir la técnica en un Área de Pesca Responsable. Lo sucedido reafirma, aún más, que la pesca de arrastre no debe mantenerse en el país”, señaló Viviana Gutiérrez, gerente de Incidencia Política de MarViva.

En este momento los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa discuten el proyecto de ley 19.838, que el Poder Ejecutivo promueve para reinstaurar la pesca de arrastre, sin argumentos científicos como lo exige la Sala.

Estudios previos determinaron que la mayoría (entre el 70% y el 97%) de la captura de la pesca de arrastre no es camarón, sino otras especies. Se estima que entre 1950 y el 2014, 500 mil toneladas métricas de esos otros animales han sido devueltas al mar. De esto, el 90% son peces pequeños de las especies capturadas por la pesca artesanal.

 

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