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Gobierno cede a intereses de pescadores de tiburón

Costa Rica Mayo 13, 2017
Tomado de: Diario Extra
Autor: Bharley Quirós

Una nueva polémica ambiental se le viene encima al gobierno cuando diversas asociaciones ambientales acusan al Poder Ejecutivo de ceder a las presiones de pescadores y exportadores de aletas de tiburón, luego de publicar un decreto ejecutivo que da potestades al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Denuncian la Fundación MarViva y la organización internacional de investigación y conservación marina Fins Attached que con el decreto que se publicó en el diario oficial La Gaceta el 4 de mayo se otorgó a Incopesca la responsabilidad de decidir si se puede exportar tiburón martillo u otras especies en peligro, que se consideren de interés pesquero.

“Esta decisión elimina la participación de expertos científicos de las oenegé, la academia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), como hasta ahora se hacía, dejando la decisión en manos de Incopesca, cuya junta directiva es manejada por los intereses de los mismos pescadores”, declaró Haydee Rodríguez, gerente de Incidencia Política de MarViva.

 

CAMBIO REPENTINO

 

Costa Rica forma parte de la Convención Cites, tratado internacional que vela por la supervivencia de animales y plantas silvestres amenazados, regulando su comercio. 

Este convenio exige nombrar una autoridad administrativa y una autoridad científica para emitir un dictamen, autorizando o no la exportación de especies amenazadas. 

Antes del decreto la autoridad administrativa era el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la autoridad científica era el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas, que incluye a universidades estatales, el Incopesca, sector pesquero y un representante de la oenegé, pero ahora toda queda en manos del Incopesca. 

“Este vergonzoso cambio implica un enorme retroceso en la protección de las especies marinas amenazadas y en la participación de la sociedad civil. Se manipulan las regulaciones para conveniencia de los intereses económicos de un grupo, pasando por encima de los intereses colectivos del medio ambiente y su conservación”, comentó Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva.

“Esta iniciativa de la Presidencia emana de su compromiso con el sector pesquero de permitir la exportación de aletas de tiburón martillo y su frustración ante la negativa de los científicos nacionales a autorizarlo”, denunció Randall Arauz, de Fins Attached.

 

NIEGAN CAMBIOS

 

Casa Presidencial niega que los cambios pretendan bajar los controles ambientales para estas especies. 

“Es falso que se cambió la ley. El decreto lo que hace es definir la ruta para cumplir lo que dice la ley. Se mantiene la legislación vigente, pero se ordena la representación de Costa Rica ante la Convención Cites para respetar la ley y nombrar representantes acordes con la rectoría que corresponde legalmente y el conocimiento específico del tema que deben evaluar”, informó mediante un comunicado de prensa.

También afirma que es prematuro hablar de que se restringe la participación de los expertos y recalcó que Incopesca está autorizado como entidad científica. 

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