Dr. Jorge A. Jiménez
Director- Fundación MarViva

En setiembre pasado, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, publicó un estudio donde reporta que el 76,3% de la población en Costa Rica, se declara en contra de la pesca de arrastre. Sin embargo, en las próximas semanas, nuestro país gastará millones de colones de los contribuyentes en un “estudio” cuyo objetivo predefinido es demostrar “la viabilidad ambiental” de esta destructiva práctica. El arrastre, declarado inconstitucional hace ya una década, es uno de los artes de pesca más destructivos que existen. Muy acertadamente, la Sala Constitucional indicaba en la Resolución No. 07978-2018 que, en caso de existir un interés de reinstaurar esta práctica pesquera en nuestro país, antes era necesario “(…) conocer múltiples factores que incluyen (…) los ambientales (situación de la biomasa, las especies afectadas, las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración, perspectiva a corto, mediano y largo plazo, etc.), los sociales (población beneficiada por la pesca de arrastre, distribución real de dicho beneficio, población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico, etc.) y socioeconómicos (valoración del costo/beneficio que incluya también las variables ambientales y sociales, rentabilidad frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional, etc.)”.

Es sorprendente constatar que el “estudio”, que INCOPESCA elaboró, y que iniciará en el primer semestre del 2023, ni siquiera intenta responder a la gran mayoría de estas interrogantes. El documento “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el océano Pacífico costarricense, 2023-2024″ en realidad no incorpora nuevas alternativas y estará utilizando la misma red, que con ligeras modificaciones, se ha usado desde hace 60 años. Más preocupante aún, el estudio parece contener serias deficiencias en su diseño metodológico, por lo que sus resultados serán (como el anterior) muy cuestionables: Los sitios donde se realizarán los muestreos no serán aleatorios, como dicta un diseño experimental riguroso, sino que será en los sitios que …” tradicionalmente han sido empleados para la pesca comercial de estas especies”. En cada sitio de muestreo se realizarán al menos 33 lances, por qué?…porque “… la NOAA recomienda un mínimo de 33 lances” y ..“la FAO recomendó hacer al menos 33 lances”; cuando cualquier investigador sabe que el número de muestreos debería definirse en función de la variabilidad de la muestra y ni la NOA, ni la FAO están involucrados en este “estudio”. Se usarán ocho embarcaciones, no porque un análisis previo lo haya determinado, sino por que (y así lo dicen públicamente empresarios del arrastre), este número se fijó “para hacer (el proceso) más equitativo y democrático; de las familias que quedan en Costa Rica con embarcaciones, cada una de estas familias tomará una embarcación”. Esta metodología, apartada de los fundamentos científicos, no permitirá generalizar los resultados al Pacífico costarricense (y menos al Caribe), estimar la biomasa por especie o ubicar sus áreas o épocas de crecimiento y reproducción: información base para el manejo de las pesquerías. Un país que se precia de tener una saludable comunidad científica hará este importante estudio sin apoyo de su Academia.

El inminente “estudio”, que pagaremos los costarricenses, no es sino, una reactivación solapada de la actividad de arrastre. Una reciente (y conveniente) modificación de la Ley de Pesca, a través de la nueva ley 10155 del 18/03/2022, permitirá a los arrastreros involucrados comercializar el producto de la pesca realizada en este “estudio”. O sea, los industriales arrastreros (bajo la excusa de resarcirse de los gastos de operar los barcos) venderán el camarón colectado, mientras los costarricenses pagamos millones de colones en otros gastos adicionales relacionados con el “estudio”.

Lamentablemente, el cuestionado “estudio” está precedido de justificaciones y afirmaciones falsas, realizadas por ministros y funcionarios estatales, incluyendo que la “nueva” red de arrastre flota y no está en contacto con el fondo.

El diseño de la red requiere (aunque convenientemente se omite en su descripción) portones de más de media tonelada de peso cada uno en los extremo de la boca; la cual tiene una cadena galvanizada que se arrastra por el fondo marino y el copo de la red podrá colectar fácilmente una media tonelada de organismos en cada lance. Todos estos elementos, que pesan varias toneladas en conjunto, obviamente no flotan y serán arrastrados por el fondo marino dejando surcos, impactando a todos los organismos en el fondo, levantando toneladas de sedimentos en la columna de agua y liberando gases efecto invernadero.

Los defensores de está nefasta práctica pesquera (acompañados de populistas interesados) argumentan que la ciudad de Puntarenas se encuentra sumida en la pobreza y la violencia por el cierre de esta pesquería. Nada más alejado de la verdad!. Desde inicios de siglo todos los sectores productivos en Puntarenas han experimentado una reducción sostenida en el número de empresas oficialmente inscritas en la CCSS; incluyendo sectores que tienen mayor capacidad de generar empleos tales como la construcción, la agricultura, la industria, la manufactura, el turismo, el comercio, los servicios y el transporte. Asegurar que la actual pobreza de Puntarenas es producto del cierre de la pesca de arrastre es, simplemente, sobresimplificar una problemática con muchísimas aristas y aprovecharse de la pobreza de un pueblo para “llevar agua a su molino”.

A pesar de que la gran mayoría del país rechaza esta práctica pesquera y la literatura científica abunda en ejemplos de los severos impactos ambientales de su uso, el gobierno insiste en reactivar la práctica. Tendremos que gastar más años y más millones para entender que el desarrollo de Puntarenas depende de otras medidas que ya hace décadas deberíamos de haber tomado.

Renovar el turismo en Puntarenas y las islas aledañas, desarrollar la maricultura, establecer una lonja pesquera, traer industrias a la zona son opciones reales para los puntarenenses… Pensemos en construir un país, no en destruirlo.

Fotografía: Luciano Capelli