Costa Rica, 13 junio 2023.  La Fundación MarViva presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica, solicitando detener, de forma inmediata, el estudio de pesca de camarón que reactiva la pesca de arrastre en mares costarricenses, con el objetivo de evitar daños irreparables o de difícil reparación a los recursos naturales, afectaciones a la actividad económica de la pesca artesanal y deportiva, e impedir el uso indebido, ineficaz e ineficiente de los fondos públicos.

Amparándose en una propuesta de proyecto de investigación fuertemente cuestionada por académicos y científicos a nivel nacional e internacional, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) otorgó permisos que autorizan la explotación comercial de camarón mediante la técnica de arrastre. MarViva denuncia que, para lograrlo, Incopesca realizó actos contrarios al ordenamiento jurídico, es decir, actos ilegales que deben ser declarados absolutamente nulos.

Para MarViva, la propuesta incumple con los requisitos exigidos por la Sala Constitucional en las resoluciones N°10540-2013, N°070978-2018 y N°14168-2018, las cuales desarrollan los componentes mínimos que debería contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica. En dichas sentencias, la Sala reiteró que para restaurar la pesca de arrastre se debía demostrar una reducción significativa de la captura incidental, ser coherente con el desarrollo sostenible democrático y contemplar factores como las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración y población afectada entre muchos otros; todos estos ignorados en la investigación.

Según Erick Brenes, director ejecutivo de Fundación MarViva, la investigación en curso, tal cual ha sido planteada, no va a generar la información científica que, en apariencia, sería el motivo de su ejecución. El proyecto, más bien, estaría habilitando, por un periodo de dos años, que ocho embarcaciones semiindustriales dispongan, con total discrecionalidad, de las capturas que se obtengan para fines comerciales. Mientras tanto, el país malgasta fondos públicos en un estudio sin rigor científico, ni controles, que no arrojará conclusiones de valor y, más bien, perjudica a los ecosistemas, a la biodiversidad, los fondos marinos y la economía de pescadores artesanales.

“Los funcionarios de Incopesca sometieron, a conocimiento y votación de su Junta Directiva, una propuesta de investigación con metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener, lo que demuestra una falta de interés y cuidado hacia las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica, lo cual se evidencia también con la omisión deliberada de involucrar de manera oportuna a la Academia en el proceso de elaboración de este proyecto”, agregó Brenes.

El uso de la red de arrastre AA Costa Rica sin una red control, asumir erróneamente que dicha red es el punto de partida idóneo para la investigación, establecer la realización de muestreos solamente en caladeros de pesca seleccionados por Incopesca y capitanes de las embarcaciones, aprobar lances de duraciones entre 2 y 6 horas sin ningún fundamento, establecer requisitos ilógicos y deficientes para la contratación de los observadores a bordo, y la ausencia de controles requeridos por ley para asegurar que no se genere un enriquecimiento injustificado por parte de las asociaciones pesqueras semiindustriales en detrimento del interés público de conservación de los recursos naturales y de tutelar el derecho al desarrollo sostenible democrático, son algunas de las muchas falencias técnicas de la propuesta.

“A la fecha no hay certeza de cuáles son los costos totales de la investigación. Tampoco hay una limitación establecida en cuanto a las ganancias que el sector camaronero pueda obtener al comercializar producto en el marco del estudio, lo que podría significar un enriquecimiento injustificado a favor del sector semiindustrial. Al revisar el expediente de esta investigación podemos constatar la arbitrariedad de Incopesca a la hora de otorgar permisos y emitir acuerdos; es inaceptable que esta institución no incluya mecanismos eficientes de control y fiscalización de costos y gastos ni haya contemplado un análisis de costo-beneficio oportunamente”, manifestó Brenes.

El expediente de la investigación evidencia que las labores de pesca ejecutadas entre el 23 y el 29 de marzo no contaban con los permisos necesarios, ya que las resoluciones que otorgaron los permisos correspondientes fueron firmadas hasta el 29 de marzo. Es decir, en dicho periodo se ejecutaron actuaciones de pesca ilegal. Además, el Incopesca otorgó permisos de pesca para la ejecución del proyecto de investigación a embarcaciones cuyos propietarios se encuentran o encontraban en estado de morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que viola el artículo 74 de la Ley Constitutiva de esta entidad.

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