Luego de más de tres meses de haber solicitado al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) datos sobre el proyecto de investigación “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”, Fundación MarViva finalmente recibirá la información, gracias a una resolución de la Sala Constitucional.

En octubre de 2023, MarViva envió una petición de información ante dicha institución, mediate la cual se solicitó acceder a la metodología utilizada para estimar el porcentaje total de camarón por lance de pesca, utilizada para fundamentar un informe de avance de la investigación presentado ante la Junta Directiva del Incopesca el año pasado. También se solicitó la base de datos en formato Excel de los datos utilizados para generar dicho informe. Ante la negativa del Incopesca de facilitar el acceso a dicha información, MarViva interpuso un recurso de amparo ante la Sala Cuarta, el cual fue declarado con lugar de forma unánime.

La sentencia indica que al ser, la información en cuestión, de interés público, Incopesca está violando el derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política. La Sala, también, reconoce el rol de MarViva y de cualquier otra organización o persona interesada de ejercer su derecho de fiscalizar el accionar de la Administración Pública, derecho que implica, en este caso, el deber del Incopesca de ejecutar la investigación de manera transparente. Por esta razón, la Sala dio la razón a MarViva y ordenó al Incopesca a brindar la información solicitada en un plazo de 5 días hábiles.

“La Sala Constitucional nos da la razón y coincide en que la información utilizada por el Incopesca para fundamentar el informe de avances de la investigación sobre pesca de arrastre es información de evidente interés público y no hay motivo alguno por el cual debería ser de acceso restringido. Mucho menos, considerando que lo que solicitamos son datos que ya tendrían que haber sido procesados y analizados por Incopesca, debido a que fueron utilizados para fundamentar, en su informe de avances, que la investigación demuestra resultados favorables. Pero además, esta sentencia evidencia que la trasparencia y el acceso a la información pública son pilares de la democracia costarricense. Desde MarViva, insistimos en que la transparencia, el acceso a la información y la participación oportuna del público, son elementos indispensables para avanzar hacia una buena gobernanza de nuestro océano y sus recursos”, manifestó Katherine Arroyo Arce, directora ejecutiva de Fundación MarViva.

El proyecto de investigación en cuestión, el cual en principio pretende evaluar la sostenibilidad de la pesca de arrastre en aguas costarricenses, se encuentra detenido gracias a una medida cautelar interpuesta por MarViva.

Desde el anuncio de este nuevo estudio, en setiembre de 2022, MarViva ha denunciado irregularidades, falta de solidez técnica, vicios en el desarrollo del mismo y la afectación al ambiente que podría causar daños irreparables y violentarían el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución, que señala el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado que poseen todas las personas.

Fotografía: Red de arrastre. Costa Rica. ©Fresia Villalobos

Ver resolución de la Sala Cuarta.